El intendente, Pablo Milad, junto a los senadores Rodrigo Galilea y Juan Antonio Coloma; la coordinadora regional de Seguridad Pública, María Paz del Valle; y el Seremi de Gobierno, Jorge Guzmán dieron a conocer las 150 propuestas del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública.
El 11 de marzo de 2018 el Presidente de la República, Sebastián Piñera, convocó al país a construir un Acuerdo Nacional para abordar la principal prioridad de los chilenos: la seguridad pública. Así, el 6 de abril se constituyó una Mesa de Trabajo integrada por representantes de Gobierno, Parlamentarios, Alcaldes y representantes del Ministerio Público y del mundo civil y académico.
Durante 90 días, esta mesa trabajó en 150 propuestas que se entregaron al Presidente que contemplan profundas reformas en cinco áreas: Modernización y Fortalecimiento de las policías; Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado; Fiscalización y Control de Armas de Fuego; Rol de los Municipios en la Seguridad Pública; y Coordinación entre actores del Sistema de Persecución Penal.
“Focalizar las necesidades puntuales a través de una tecnificación, un trabajo de los municipios, un trabajo mancomunado de toda la comunidad en una necesidad que es fundamental y que es la Seguridad Pública, la seguridad de la comunidad y de nuestra región. La aplicación va a ser un trabajo coordinado en estas mesas de reuniones constantes con estas 150 propuestas del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, liderado por el Presidente, Sebastián Piñera”, sostuvo el intendente Milad.
Las conclusiones del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública dan paso a la reforma más profunda e integral a las policías en toda su historia.
En el marco de esta iniciativa se trabajará en la especialización de las funciones policiales, para lo cual en diciembre de 2018 un grupo de trabajo entregará al Ministerio del Interior y Seguridad Pública un diagnóstico con el objetivo de radicar en Carabineros la función de prevención y en la PDI las labores de investigación.
De ahora en adelante existirá un mayor control de la autoridad civil sobre Carabineros y la PDI, con nuevas exigencias para su gestión interna y un sistema de auditoría permanente.
Ambas policías deben entregar un plan estratégico institucional a 8 años plazo y un plan de gestión operativa al asumir el nuevo mando. Ambos deberán ser aprobados por el Ministerio del Interior y contar con indicadores de resultados.
Se concentrarán los esfuerzos en la profesionalización policial: para ser general será requisito cumplir 10 años en unidades operativas.
En materia de inteligencia se pretende avanzar hacia un sistema moderno, integrado y funcional: Se pretende crear un Consejo Nacional de Inteligencia que dependerá directamente del Presidente de la República.
Y entre otras tantas medidas se hará una profunda reestructuración del registro de armas en el país, donde hay un deficitario sistema de fiscalización. Actualmente hay unas 753 mil inscritas activas y 230 mil extraviadas, robadas o que sus dueños fallecieron. Por eso se propone una profunda reestructuración del registro de armas, aumentar los requisitos para la adquisición e inscripción, establecer deberes para sus tenedores y sanciones en caso de incumplimiento.
