La suma de 25 millones de pesos como aporte a la Municipalidad de Talca; otros 12 millones para el hogar de ancianos “Buen Samaritano” de Molina; y 20 millones de pesos como inversión para ejecutar un plan de reciclaje en el sector poblacional “Villa Francia” de la capital maulina, que en total suman 57 millones de pesos, son parte de las condiciones que el Tribunal de Garantía –acogiendo la petición de la Fiscalía-, deberán aportar las cuatro personas formalizadas en una investigación llevada en su contra por los delitos de cohecho, soborno, negociación incompatible y malversación.
Se trata del denominado “Caso CTS”, en el que se vieron involucrados, en diferentes hechos y grados de responsabilidad, el senador por la Región del Maule, Juan Castro, quien al momento de los ilícitos era alcalde Talca; el actual alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz; el consejero regional, Juan Valdebenito, ex jefe de gabinete del municipio talquino; Christian Tizza, gerente de la empresa CTS Limitada, relacionada con la recolección de la basura; y finalmente la propia empresa CTS Ltda. en su calidad de persona jurídica.
La irreprochable conducta anterior; el no estar cumpliendo con una actual suspensión condicional; y que la sanción probable de recibir una sentencia condenatoria no supere los 3 años de privación de libertar son -tal como lo dispone la legislación chilena-, elementos necesarios para arribar a esta salida alternativa.
A lo anterior se suma la colaborado en la investigación y el haber reparado el daño con aportes económicos hechos con anterioridad, todo lo cual permitieron que, finalmente, el sistema procesal penal y por ende la ley se arribara a esta suspensión condicional.
MEDIDAS GRAVOSAS
El fiscal regional del Maule, Mauricio Richards, quien estuvo a cargo de esta investigación, explicó que teniendo presente el principio de objetividad
que regula el actuar del Ministerio Público y el de igualdad ante la ley, sin perjuicio de la gravedad de los delitos que se había formalizado e investigado y cumpliéndose los principios legales, se accedió a una salida alternativa.
“En cuanto a las condiciones que se propusieron lo que el tribunal ha resuelto son bastante similares e incluso un poco más gravosas de lo propuesto. Si bien estos delitos son de alta connotación y de gravedad, las penas a las cuales se pueden acceder son bastante bajas y por lo tanto las condiciones de alguna manera tienen relación al quantum de las penas que se podrían haber obtenido de lograr una sentencia condenatoria en un juicio, lo que es una de las posibilidades que podía ocurrir. Hay un monto total de más de 50 millones de pesos que en definitiva va a ser indemnizada a la municipalidad y una institución de beneficencia para ancianos terminales, así que creemos que la resolución se ajusta a la petición de la fiscalía y al mérito de los antecedentes”, aseveró el fiscal Richards.
Al monto pecuniario que deberán pagar los involucrados, se suman charlas a diez colegios de Talca y a diez comunas maulinas sobre materias relacionadas con la el reciclaje de basura, la asistencia de los imputados a un curso sobre regulación y control de administración municipal, sumándose la entrega de 40 ejemplares sobre la nueva Ley de Reciclaje, entre otras condiciones a cumplir como la firma bimensual ante la Fiscalía Local de Talca.
Desde que se conoció la determinación judicial, en el marco de una audiencia pública efectuada durante la mañana de este miércoles 4 de abril, las partes tienen un plazo legal de cinco días para apelar a la resolución del Tribunal de Garantía.
