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BACHELET AUTORIZÓ A UNA EMPRESA A PESCAR POR 10 AÑOS RECURSO EN ESTADO DE AGOTAMIENTO

D. S Nº 37 firmado además por el Ministro de Economía y el Subsecretario de Pesca, autorizó a Globalpesca SpA a capturar bacalao de profundidad  por estar en “desarrollo incipiente”. Sin embargo, informe de Subpesca lo catalogó  como sobreexplotado y en estado de agotamiento, lo que hace que este decreto a lo menos sea “irregular”.

Empresa ya había sido cuestionada el 2013 porque tras millonaria multa de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas por pesca en zona de veda, Subpesca le asignó cuotas de investigación

Una grave denuncia contra la Presidenta Michelle Bachelet, el Ministro de Economía y el Subsecretario de Pesca, dio a conocer el presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), Juan Montenegro, indicando que en D.S Nº37 (21 de marzo de 2016), la máxima autoridad nacional autorizó por 10 años a la empresa Globalpesca SpA para la captura de bacalao, recurso que en la actualidad está catalogado como sobreexplotado y en estado de agotamiento.

“Estas son las contradicciones de la Presidenta Bachelet. No sabemos si no sabe lo que firma o sigue entregando al mejor postor los recursos pesqueros de todos los chilenos, como lo ha hecho hasta ahora negándose a anular una ley que permite estas aberraciones”, sostuvo Montenegro.

El dirigente explicó que el citado Decreto Supremo autorizó  a Globalpesca SpA para operar la nave fábrica palangrera “GlobalPesca II”, al interior de la pesquería licitada de bacalao de profundidad situada al sur del paralelo 47ºL.S, por estar en régimen de “desarrollo incipiente”.

Sin embargo, existe una contradicción con los informes técnicos, debido a que según consta en la Cuenta Pública 2015 sobre el estado de los recursos pesqueros de Subpesca; “el status del recurso se encuentra sobreexplotado y en estado de agotamiento”. Por lo tanto, el Decreto Supremo firmado por la Presidenta, Ministro de Economía y Subsecretario de Pesca, a lo menos “es irregular, sino ilegal”, planteó el dirigente.

Así queda ratificado en el informe técnico CCT – RDAP N° 3 2015 que fija  rango de captura biológicamente aceptable para el recurso bacalao de profundidad, año 2016, que en su punto número 5,  conclusiones y recomendaciones señaló que: “Con los antecedentes disponibles a la fecha de realización de la tercera sesión del Comité Científico Técnico Pesquero de los Recursos Demersales de Aguas Profundas (28 Y 29 de octubre de 2015), el Comité alcanzó las siguientes conclusiones y consecuentes recomendaciones (…) que el stock está sobreexplotado y en estado de agotamiento”.

“Es impresentable que un Comité Científico establezca que  un recurso está por desaparecer, y la autoridad política -en forma ilegal- beneficie a una empresa, privilegiando extraños intereses económicos”, señaló el presidente de Fetrapes.

Cuestionamientos a Globalpesca

El 2013, la empresa Globalpesca recibió una millonaria multa de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas por pescar en zona de veda. No obstante,  la Subsecretaría de Pesca  a través de Resolución Exenta Nº2.254 (9 de agosto de 2013), le asignó cuotas de investigación de 30 toneladas para la captura de bacalao de profundidad.

La resolución de Subpesca detallaba que se autorizaba al Centro de Estudios Pesqueros S.A (CEPES S.A) para labores de “Monitoreo pesquería-dependiente y marcaje del Bacalao de profundidad de Chile”, y que esta labor se realizaría con la participación de Globalpesca II, barco de propiedad de la empresa cuestionada.

Cabe recordar que ese año el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) determinó una cuota de captura del Bacalao de profundidad de 500 ton. -especie que ya era catalogada como sobreexplotada en la época-. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones técnicas de la entidad, la Subsecretaría de Pesca la aumentó a 3.000 ton. Esto detonó que la Asociación de Bacaladeros ADEMARVAL presentara un recurso de protección que terminó su camino judicial en la Corte Suprema.

A pesar que se perdió el recurso, destacó en el fallo el voto de minoría del Ministro Sergio Muñoz, que reconoció en que  “la autoridad ha procedido con desapego a lo que los fundamentos y razones científicos, técnicos y ambientales pertinentes al caso le aconsejaban, y bajo esta óptica dichas actuaciones sólo pueden ser catalogadas como arbitrarias e ilegales, con el innegable perjuicio que conlleva a los necesarios esfuerzos que demanda la conservación de los recursos hidrobiológicos”.

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