La jueza titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, enfrenta una imputación por prevaricación culposa vinculada a la liberación irregular de Carlos Alberto Mejía Hernández, sicario implicado en el asesinato del conocido “Rey de Meiggs”. La magistrada declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la investigación que busca esclarecer su presunta negligencia grave o ignorancia inexcusable al ordenar la excarcelación.
El Poder Judicial suspendió a Rodríguez de sus funciones el 26 de julio, tras lo cual ella defendió su actuar señalando fallas en la gestión de Gendarmería. Según explicó, no se cotejaron correctamente los oficios judiciales que ordenaban mantener la prisión preventiva, lo que provocó confusión y la entrega equivocada de una resolución que dejó sin efecto la medida cautelar. La jueza calificó de error haber enviado esa resolución a Gendarmería y sugirió que un simple cotejo de fechas habría evitado la situación.
Rodríguez insistió en que no existen oficios posteriores que revoquen su decisión y atribuyó el incidente a una falla en la comunicación interna de Gendarmería, afirmando que el procedimiento correcto habría sido llamado al tribunal para aclarar cualquier duda. El caso sigue bajo investigación mientras se revisan responsabilidades y procedimientos.
