El 7° Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra una veintena de herederos y la esposa del fallecido dictador Augusto Pinochet, ordenándoles devolver más de $15 mil millones de pesos, equivalentes a unos US$16 millones. La sentencia establece que dichos fondos fueron apropiados ilícitamente durante la dictadura a través de la sustracción de recursos públicos.
El fallo señala que Pinochet, su esposa Lucía Hiriart y otros descendientes establecieron mecanismos para defraudar al Estado chileno por más de US$17 millones, de los cuales aún no se han recuperado más de US$16 millones. Esta decisión judicial ocurre a casi siete años del cierre del caso Riggs, en el que se investigó el uso de cuentas secretas en el extranjero para desviar fondos públicos.
Según el tribunal, los montos sustraídos provenían de “gastos reservados asignados a la Presidencia, Casa Militar y el Ejército”, y deberán ser restituidos por los herederos en proporción a su participación en la herencia, en pesos chilenos al tipo de cambio vigente al momento del cumplimiento, más intereses legales. La defensa había invocado la prescripción de los hechos, pero la justicia desestimó el argumento, señalando que el plazo legal comenzó a correr en 2018.
