Una grave alerta encendió el caso de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, uno de los tres imputados por el homicidio de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, ocurrido en junio pasado en Ñuñoa. El acusado fue liberado tras la emisión de una supuesta resolución judicial que dejó sin efecto su prisión preventiva, a pesar de estar vinculado a un crimen por encargo y a un robo con intimidación. El Ministerio Público ya solicitó una nueva orden de detención, mientras Ferrer Ramírez se mantiene prófugo.
El crimen, que habría sido ejecutado por sicarios extranjeros, llevó al Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) a detener a tres sospechosos, todos de nacionalidad venezolana y en situación migratoria irregular. Tras su detención, el fiscal jefe Héctor Barros indicó que el homicidio tendría lazos con el Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano. Durante la audiencia del 10 de julio, los imputados quedaron sujetos a la medida cautelar más gravosa.
Sin embargo, una supuesta orden emanada del 8° Juzgado de Garantía de Santiago permitió que Gendarmería liberara a Ferrer Ramírez, lo que ha desatado cuestionamientos sobre eventuales vulnerabilidades en los procesos judiciales y de custodia. Gendarmería negó cualquier vulneración de sus sistemas informáticos, afirmando que actuaron conforme a la documentación recibida. El caso plantea serias dudas sobre la solidez de los controles institucionales frente a delitos de alta connotación pública.
