El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra el diputado independiente Joaquín Lavín León por presunta malversación de caudales públicos y fraude al fisco por más de 75 millones de pesos. La acusación se basa en la emisión de 151 facturas por servicios informáticos inexistentes durante su campaña parlamentaria, incluyendo el mantenimiento de una página web que lleva inactiva desde 2022.
El escrito del CDE sostiene que Lavín actuó en conjunto con su exasesor Arnaldo Domínguez, utilizando las empresas MMG SpA y Modo 74 SpA para simular contratos y desviar fondos del Congreso Nacional. Además, se solicitó al Ministerio Público que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se sume a la causa, dada la eventual comisión de delitos tributarios.
La querella incluye una solicitud de prisión preventiva, argumentando riesgo de obstrucción a la investigación, mientras la Fiscalía Oriente evalúa solicitar el desafuero del parlamentario. Un testimonio clave es el de su exsecretaria, Aída Olivares, quien declaró que Lavín continuó rindiendo facturas falsas incluso después de dejar de utilizar los supuestos servicios, lo que, según el CDE, demuestra que actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad.
