El Gobierno confirmó este lunes que solicitó a Fiscalía una aclaración urgente aclarando una presunta solicitud del fiscal Patricio Cooper para intervenir el teléfono celular del Presidente Gabriel Boric, en el marco de la investigación de la arista ProCultura del Caso Convenios.
De acuerdo a dichos trascendidos, el requerimiento habría sido desestimado por el Juzgado de Garantía.
Desde el Ejecutivo, la ministra vocera (s) Aisén Etcheverry aseguró este martes que el Ministerio Público aún no ha entregado una respuesta formal a la petición del Gobierno.
“Ayer se conocieron trascendidos. Los trascendidos, al igual que las filtraciones, no son buenos para las instituciones ni para los procesos, y dada la notoriedad de lo que se conoció ayer, nosotros hicimos una declaración señalando precisamente que aquí podía eventualmente comprometerse la seguridad nacional y que era por eso importante aclarar”, sostuvo en conversación con Súbela Radio.
Etcheverry reiteró que hasta ahora no existe confirmación oficial sobre la existencia de una solicitud de interceptación telefónica al mandatario, pero enfatizó la disposición del Ejecutivo a colaborar con la justicia.
En tanto, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, remarcó que la preocupación principal del Gobierno radica en la eventual afectación a la seguridad nacional, dado el cargo que ostenta el Presidente, calificando como “sensible y compleja” cualquier medida intrusiva que involucre al jefe de Estado.
“Es la máxima autoridad del país. Hay conversaciones que involucran asuntos de seguridad nacional y que son de carácter reservado”, advirtió en Radio Infinita.
Lobos explicó que, en casos de esta naturaleza, el estándar legal es más exigente.
“El Código Procesal Penal establece que no basta con la autorización de un juez de garantía; también debe intervenir la Corte Suprema”, señaló.
No obstante, la ministra reafirmó que el respeto a la institucionalidad es clave: “Creemos firmemente que nadie está por sobre la ley. Si la Fiscalía considera necesaria una medida de este tipo, debe justificar plenamente su legalidad”.
Consultada sobre el tema, la Fiscalía Regional de Coquimbo, encabezada por el fiscal Cooper, declinó referirse a la polémica.
A través de un comunicado, señaló que la causa —relacionada con el Caso Convenios— se encuentra bajo reserva conforme a la Ley N° 19.913 sobre lavado de activos, lo que impide entregar detalles sobre las diligencias o eventuales solicitudes intrusivas.
Cabe recordar que en el contexto de esta investigación, se habría autorizado la intervención del teléfono de Miguel Crispi, exjefe del Segundo Piso de La Moneda, mientras que la del Presidente Boric fue rechazada por el tribunal por falta de antecedentes.
En el caso de Crispi, el contenido de las interceptaciones reveló información relevante sobre el Caso Convenios, además de conversaciones vinculadas a la venta de la casa de Salvador Allende, supuestamente impulsada por presiones de su hija, la senadora Isabel Allende.
“Las solicitudes de medidas intrusivas son controladas por los respectivos Juzgados de Garantía y no se entrega información sobre estas a terceros ajenos al proceso”, puntualizó el ente persecutor.
