Un importante revés enfrentó a la Contraloría General de la República luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago suspendiera la aplicación del polémico dictamen sobre la “confianza legítima”. La decisión se tomó tras aceptar una orden de no innovación presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana, en representación de dos funcionarios municipales de La Cruz, quienes habían sido desvinculados tras más de dos años a contrata. Este dictamen, firmado por Dorothy Pérez en su primera resolución como contralora titular, había provocado un intenso debate respecto al plazo necesario para que los trabajadores públicos obtengan seguridad en la renovación anual de sus contratos.
Mientras la Contraloría había establecido que este derecho se adquiría tras dos años de servicio, la Corte Suprema ha dictaminado en varias ocasiones que el período es de cinco años. Ante esta disparidad, el dictamen señalaba que las controversias sobre el tema debían ser resueltas exclusivamente por los tribunales de justicia, postura que generó un fuerte rechazo de los gremios del sector público. La resolución fue calificada como «ilegal y arbitraria» en el recurso de protección, argumentando que vulnera derechos fundamentales como la igualdad ante la ley, la integridad psíquica y el derecho de propiedad de los afectados.
La medida dictada por la Corte de Apelaciones ha intensificado la presión sobre Contraloría y su titular, Dorothy Pérez. Según el escrito presentado, “el dictamen afecta en su esencia los derechos constitucionales de las personas, al poner fin a contratos sin la debida fundamentación”. La controversia también ha movilizado a gremios de trabajadores públicos, quienes exigen que el Gobierno intervenga para garantizar la estabilidad laboral en el sector. Por ahora, la aplicación del dictamen permanecerá suspendida mientras avanza la tramitación del recurso en los tribunales.
