En el marco de la investigación por violación de secretos en el caso Hermosilla, el OS9 de Carabineros llevó a cabo un allanamiento en la residencia y oficina del abogado Enrique Aldunate Esquivel. La operación, coordinada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, constituye la primera medida intrusiva conocida desde el inicio de la pesquisa, cuyo objetivo es aclarar las filtraciones vinculadas al caso. Según fuentes de BBCL Investiga, los procedimientos se realizaron tanto en el domicilio del jurista en Viña del Mar como en el Estudio Jurídico Zúñiga-Campos Abogados, ubicado en Providencia, donde Aldunate actúa como representante del diputado socialista Daniel Manouchehri, querellante en la causa.
La orden judicial fue gestionada verbalmente ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, permitiendo la incautación de electrónicos y de almacenamiento en posesión del abogado. La diligencia se centra en la filtración de datos contenidos en la carpeta investigativa, y no en la difusión de los chats de Hermosilla que ocurrieron antes de ser integrados al expediente. Según una denuncia presentada por una funcionaria del estudio, Aldunate habría instruido la entrega de un pendrive con información actualizada del caso a un periodista de La Tercera. Esta acción, respaldada por conversaciones de WhatsApp registradas en el sistema judicial, está bajo análisis del equipo investigador.
El allanamiento al estudio jurídico, estrechamente vinculado al Partido Socialista, representa un hecho excepcional en causas de esta naturaleza, según expertos legales. Hasta ahora, no se han anunciado medidas dirigidas a funcionarios del Ministerio Público que podrían estar involucrados en las filtraciones masivas de conversaciones de Hermosilla con figuras públicas de alto perfil, como el exfiscal Manuel Guerra y la exministra Ángela Vivanco. Por su parte, la Fiscalía declinó emitir declaraciones debido al carácter reservado de la investigación, mientras que el estudio jurídico no respondió a las consultas de la prensa.
