Este miércoles comenzó la discusión del proyecto de ley que busca implementar centros de internación de carácter no penitenciario para extranjeros con órdenes de expulsión pendientes. Según la propuesta, los migrantes serían retenidos en estos espacios por un máximo de 60 días corridos. Aunque fue presentado por un grupo del oficialismo, el Ejecutivo se distanció de la iniciativa, mientras la oposición cuestiona aspectos financieros de su implementación.
La propuesta fue impulsada por la diputada Camila Musante (PPD), junto a los parlamentarios Rubén Oyarzo (Independiente) y Joanna Pérez (Demócratas). Sin embargo, en el inicio del debate en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, surgieron críticas desde sectores opositores. El diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) expresó preocupación sobre el financiamiento de estos centros, advirtiendo la falta de claridad sobre los recursos necesarios.
Por su parte, José Carlos Meza (Partido Republicano) reconoció que la izquierda está mostrando interés en el problema migratorio, pero enfatizó que el verdadero desafío no radica en los expulsados, sino en frenar el ingreso irregular por la frontera. En respuesta, la diputada Musante defendió que la propuesta no generará gasto público adicional, ya que plantea habilitar espacios existentes, en lugar de construir nuevas infraestructuras.
