La situación en el aeropuerto de Santiago ha generado inquietud en diversos actores de la industria aérea y turística, quienes expresaron su molestia por los problemas de congestión y largas filas en los controles migratorios. La Contraloría General de la República emitió recientemente un oficio a la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), solicitando un informe en un plazo de diez días sobre la situación, para esclarecer si la responsabilidad recae en la concesionaria u otras entidades públicas.
La Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) hizo un llamado urgente para destinar más recursos a la Policía de Investigaciones (PDI), considerando el actual debate en el Congreso sobre el presupuesto 2025. «Es fundamental incrementar los recursos de la PDI en el aeropuerto», señaló Achila, resaltando que la falta de personal no solo limita el flujo de pasajeros, sino también el uso de la infraestructura de casetas de control. La organización subrayó que los tótems de autoatención presentan “diversas falencias” y que la presencia de personal sigue siendo esencial para el flujo adecuado en un terminal de alta demanda.
Desde la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Helen Kouyoumdjian coincidió en que la principal causa de los problemas es la falta de personal de la PDI, indicando que «en horarios de alta demanda, solo hay entre 5 y 8 funcionarios atendiendo, cuando debería haber entre 25 y 30». Además, propuso que los controles migratorios sean realizados por personal civil de la PDI, una medida que requeriría una reforma legal. La presidenta de Fedetur, Mónica Zalaquett, también enfatizó en la necesidad de solucionar estos inconvenientes rápidamente, advirtiendo que impactan la imagen del país y afectan la percepción de los turistas que visitan Chile.
