El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ha impulsado una serie de diligencias en el marco de la investigación relacionada con la arista ProCultura del conocido caso «Líos de Platas» o Convenios.
Esta semana, un equipo de detectives de la Brigada Anticorrupción (BRIAC) de la Policía de Investigaciones, bajo la supervisión de un fiscal del equipo de Cooper, llevó a cabo acciones en la región de Ñuble. 19 personas fueron citadas a declarar, incluyendo funcionarios del Gobierno Regional de Ñuble, de la Fundación ProCultura, y de una consultora.
Entre los citados a declarar estuvo el gobernador Óscar Crisóstomo (PS), quien fue requerido en calidad de imputado. Sin embargo, Crisóstomo, cuyo desafuero fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Chillán el pasado 15 de octubre, optó por guardar silencio, al igual que otros seis convocados. Pese a esto, los investigadores lograron tomar declaraciones de 10 de los convocados, mientras que otras dos personas tendrán que declarar en una fecha futura.
Estas diligencias se suman a otras realizadas en la región Metropolitana y el Biobío en semanas anteriores, donde se incautaron dispositivos tecnológicos, nubes informáticas, y bases de datos de correos electrónicos, incluyendo pertenencias del fundador de la ONG, Alberto Larraín.
El objetivo de esta investigación es esclarecer posibles delitos de fraude al fisco, lavado de activos, y tráfico de influencias.
