El exministro del Interior, Andrés Chadwick, se querelló en contra de 10 diputados por diversas menciones a su persona en la acusación constitucional contra la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Al respecto, acusó “injurias graves y calumnias” de los legisladores, a quienes pidió el desafuero ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
La ofensiva judicial se presentó mediante una querella, en la que el exministro planteó que mediante la acusación contra Vivanco, diputados oficialistas le imputaron una serie de delitos, lo que debería ser castigado.
“Utilizaron sus cargos y facultades para formularme un ataque mediático infame, para dañar impune e irremediablemente mi honra”, acusó la exautoridad.
Argumentos de Chadwick
En el documento entregado por Chadwick, destacó que los querellados son “profesionales, con plenos conocimientos de nuestro sistema legal”, por lo tanto, instó a a que “se debe asumir la plena conciencia de su actuar”, respecto a las “injurias” que presuntamente realizaron en su contra.
“(Su actuar) probablemente fue acompañada del convencimiento de actuar en total impunidad, por los honorables cargos que ejercen, por ser cercanos al Gobierno que ostenta el poder, y por el clima que remece al país en estos días, lo cual seguramente les llevo a creer que actuaban sobreseguro”, agregó.
Así, tras explicar lo que significa un libelo acusatorio, el otrora ministro señaló que la acusación contra Vivanco debió estar enfocada exclusivamente en ella, y no en él.
“Me imputan delitos actualmente perseguibles de oficio, y se profieren expresiones en deshonra, descrédito o menosprecio de mi persona, las cuales afectan gravemente mi honor, mi honra e imagen pública”, insistió.
“Inviolabilidad parlamentaria”
Finalmente, Chadwick hizo referencia a la “inviolabilidad parlamentaria”, que es una excepción al principio de igualdad ante la ley que hace que parlamentarios no puedan ser procesados por las opiniones y votos que emiten.
Sobre ello, destacó que no aplicaría en este caso, ya que esta aplica sólo “en sesiones de sala o de comisión (artículo 58 de la Constitución Política de la República), por lo que en este caso no se encuentran cubierto por aquellos presupuestos, realizando gravísimas afirmaciones en mi contra en la redacción y presentación de una acusación constitucional que va dirigida en contra de otra persona distinta de mí”.
“Me imputan ser el instigador y motor de tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades. Sostienen que ese personaje abominable siempre soy yo. Su Señoría ello es absoluta y totalmente falso e injurioso. (…) Son expresiones proferidas en descredito, deshonra y menosprecio de mi persona, que buscan destruir mi imagen, mi honra y mi reputación, y lo han sido actuando los querellados más allá del riesgo permitido para un parlamentario en el ejercicio de su función Constitucional en la materia”, concluyó en el escrito.
