“Es un compromiso mío como Gobernadora Regional, y que efectivamente lo vamos a poner en tabla o en el último Consejo Regional de agosto o en la primera semana de septiembre como plazo máximo” declaró la máxima autoridad de la región.
Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule, manifestó que, como es costumbre en su gestión, cumplirá el compromiso empeñado con el director regional de la PDI, German Parra, a quien le manifestó en una audiencia privada llevada a cabo durante el mes de junio, que priorizará y pondrá en tabla la construcción de un nuevo Cuartel de la PDI para la ciudad de Curicó.
Esta noticia fue bien acogida por el Prefecto en ese entonces, y la institución se mantiene a la espera de que esta iniciativa sea aprobada por el Consejo Regional, en donde ha suscitado apoyo transversal. “Quiero darles la tranquilidad a todos los vecinos, que no porque no partamos con la aprobación del proyecto la próxima semana, se altera la planificación del proyecto. Solo en trámites administrativos son más de 6 meses”, declaró Cristina Bravo.
Ante algunos de los cuestionamientos, que señalan que, se podría adelantar su tramitación en el CORE, la Gobernadora enfatiza: “Tenemos otras prioridades también y las vamos a ir cumpliendo todas, tenemos que poner en tabla el aumento de costo del Cesfam de Vichuquén, un proyecto que estaba pensado en 4 mil millones de pesos, y las ofertas son de 10 mil millones”.
El mejoramiento de la seguridad pública, junto con la atención primaria y digna en salud, han sido dos ejes claves para la gestión de Cristina Bravo, que ha sabido solucionar problemáticas que se arrastran desde hace décadas en la región, financiando 4 Centros de Salud Familiar, dos en Maule Norte y dos en Maule Sur, sumado a ambulancias y equipos médicos.
La compra de equipamientos y vehículos para la PDI, Carabineros y Gendarmería, han sido una constante durante estos casi 3 años de la gestión de Cristina Bravo, además de una inversión de 3 mil millones de pesos —solo este año 2024 — para proyectos del 8% FNDR postulados por organizaciones sociales, que buscan instalar cámaras de televigilancia, alarmas comunitarias y luminarias en sus barrios.
Estas iniciativas han contado con el respaldo, el apoyo y el financiamiento del Gobierno Regional y la propia Gobernadora mandató que se duplicaran los fondos para el ítem de seguridad pública (el año 2023 fueron 1.500 millones), al ver que son una prioridad para los vecinos de las 30 comunas de la región.
