Dirigentes del sector pesquero y representantes de comunidades mapuche lafkenches salieron al paso de las críticas provenientes de la industria salmonera, en la víspera de la votación en que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) deberá decidir sobre las solicitudes de dos Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO) en la región de Aysén, con el fin de que puedan ser administrados por comunidades indígenas en las localidades de Cisnes e Islas Huichas, que invocando la Ley Lafkenche buscan el reconocimiento y protección de derechos territoriales sobre el espacio marítimo.
A los cuestionamientos de las salmoneras se han sumado la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que en una carta dirigida al Gobierno, expresó que con los ECMPO “podría suceder que grupos de pocas personas puedan acceder a derechos sobre porciones sustanciales del territorio marítimo”, lo que ha llamado la atención en diversos sectores que han recordado que el principal referente gremial de las grandes empresas, jamás ha reclamado por la concentración económica, la integración vertical o las distorsiones de mercado.
En conversación con Radio Universidad de Chile, “el lonko de la comunidad Pu Wapi de Melinka y miembro del comité bentónico de Aysén, Daniel Caniullán, desestimó las críticas de la industria, calificando como ‘una mentira’ un eventual desmedro del sector en caso de aprobarse estas solicitudes”, agregando que “la industria salmonera, de esas 724 concesiones ocupa 300, quedan más de 400 disponibles para que ellos se puedan seguir desarrollando (…) Le están mintiendo al Gobierno y a mucha gente, diciendo que si se aprueba el espacio, ellos no van a poder desarrollarse, que las comunidades les van a cobrar. Les he dicho a ellos como gerentes que ‘ustedes hagan su trabajo, ya tienen el mar a su favor’, pero como comunidad costera necesitamos desarrollarnos con actividades económicas colectivas”.
En relación con eventuales conflictos con la pesca artesanal, Caniullán señaló que “hay un mundo de familias que dependemos única y exclusivamente del mar. Por eso hicimos un acuerdo en 2021 con los pescadores, donde dijimos que el único mecanismo que nos permite protegernos de todas las amenazas es la Ley Lafkenche y ese acuerdo está firmado”, descartando de plano cualquier tipo de conflicto.
Finalmente, el dirigente de la comunidad Pu Wapi afirmó que la región de Aysén “tiene la tercera mayoría en población de pueblos originarios: mapuche, huilliche, lafkenche. Entonces, con todos esos datos, hemos convivido de la mejor manera con los pescadores. Nosotros queremos proteger lo poco que queda, porque la Ley Lafkenche no quita derechos a nadie, al contrario, protege lo que queda y es como que nosotros, las comunidades, nos quedamos con las sobras. El sistema va a colapsar si el Gobierno sigue entregando más concesiones, con lo que tienen es suficiente”.
Por su parte, el presidente de la Federación Flota Norte de Puerto Cisne, Carlos Torres, señaló que “ningún ente político ha tomado el guante de la contaminación grave que tenemos en nuestros canales, la poca oxigenación que está quedando, los escapes de salmón que quedan desapercibidos. Hemos trabajado con CONADI, con los pueblos originarios, porque vemos nosotros, los pescadores artesanales, que la única alternativa que nos queda para preservar los bancos naturales es el tema de fondo. Las ‘triple AAA’ (Áreas Aptas para la Acuicultura) le otorgaron 724 concesiones a la salmonicultura y la mayoría de ellas están acreditadas por créditos hipotecarios que van por sobre los mil 500 millones de dólares por cada una… se está hipotecando el mar, afirmó.
Por su parte, desde el Observatorio Ciudadano, la coordinadora del Programa de Biodiversidad y Alternativas al Desarrollo, Lorena Arce, calificó los argumentos de la industria salmonera de “malintencionados”, afirmando que “decir que poner en riesgo el 45% de la actividad en la región es simplemente falso, porque todos los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios en la Ley Lafkenche pasan antes por un análisis de sobreposición y, en ese análisis, todas las concesiones acuícolas, las más de 300, ya fueron excluidas del espacio. Es decir, el ECMPO no toca ninguna de esas concesiones, esas van a seguir operando. Solo existen entre 10 y 15 concesiones que están paralizadas por el momento, esperando a la resolución del ECMPO, pero 15 de más de 700 que existen en la región y de más de 300 que se sobreponen con los ECMPO. Entonces, no vemos por dónde esto puede paralizar a la industria salmonera”.
Asimismo, Arce fue enfática en señalar que “los ECMPO no son figuras que excluyen a otros usuarios del territorio. Hay usuarios que son titulares y que son las comunidades que invocan el ECMPO, hacen la solicitud, pero hay usuarios no titulares y permite todo tipo de usos en el espacio. No se otorga un derecho de uso exclusivo al mar”.
Finalmente, fuentes de Atentos conocedoras de la industria salmonera, recordaron que Cristián Swett, quien fuera gerente de Manuka, la gigante lechera de capitales neozelandeses, ahora oficia de “gestor de intereses” de Multiexport. “Al menos así figura en la plataforma de Ley de Lobby, en la declaración del ministro de Economía Nicolás Grau a propósito de las reuniones en casa de Pablo Zalaquett. No se olviden de que la industria salmonera estuvo ahí haciendo lo suyo”.
