El diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, defendió al juez Daniel Urrutia, quien autorizó videollamadas de reos de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.
El magistrado respaldó su decisión citando normas de la ONU, entre las que se recomienda “mantener vínculos sociales afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares” para los reclusos.
Urrutia dijo que “analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se autorizaron las videollamadas”, agregando que todos los imputados “deben ser tratados de acuerdo al principio de inocencia”.
La acción que pretendía llevar a cabo el magistrado iba en beneficio de siete reclusos, de los cuales al menos tres pertenecen al Tren de Aragua y otros dos están involucrados en el crimen del cabo Palma.
Desde el Gobierno, el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, calificó como “gravísima” la decisión.
No obstante, según consignó Emol, el diputado oficialista, Matías Ramírez, manifestó que “cada resolución se dicta en consideración a los antecedentes del proceso y las alegaciones de los intervinientes; en ese contexto, no existiendo y no habiéndose solicitado por parte del Ministerio Público la incomunicación para los imputados, se determinó, bajo el resguardo de Gendarmería, dar lugar a ciertas comunicaciones con la red de apoyo de los imputados”.
“Si existen nuevos antecedentes, estos deben ser debatidos en el tribunal competente, pero no corresponde iniciar una persecución contra un magistrado que resolvió una solicitud en el marco del derecho nacional e internacional. Lo que plantean algunos parlamentarios de derecha de expulsar a un juez por una resolución es propio de una cultura dictatorial que enaltecen continuamente”, sentenció el parlamentario.
