Crecen las críticas por la compra de 22 vehículos de alta gama, marca Lexus, por parte de la Corte Suprema para renovar su flota para ministros y el fiscal judicial.
Con una cifra de 57 millones de pesos cada uno, significa un gasto fiscal superior a los $1.200 millones y que fue autorizado por el Congreso en la actual ley de presupuestos.
Con el fin de reemplazar el anterior modelo vigente del 2014, el Toyota Camry, el pasado dos de febrero se tomó la determinación de comprar 22 Lexus ES 300h, marca de lujo de la empresa japonesa y que fue ratificado por el consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
El exministro del máximo tribunal, Milto Fuica, indicó a Bío Bío que el problema de este gasto radica en el presupuesto que fue aprobado por el Congreso: “Se hace sobre la base de una licitación pública, a veces cuando se compran varios sale más barato, en mi época eran vehículos modernos pero no lo más ostentoso”.
Este hecho despertó criticas, el expresidente del Consejo para la Transparencia, criticó la señal que se entrega con esta compra: “No podemos pedirle a la gente que confíe porque sí, la confianza no se puede imponer y es clave para que haya justicia. Este tipo de decisiones no ayudan“.
Desde el parlamento algunos diputados criticaron esta compra y se planteó la opción que la compra sea revocada: “Debería existir una regulación más específica”, apuntó Sofia Cid (RN). “Sería prudente que los mismos miembros de la Corte Suprema retiren esta decisión”, señaló Jaime Naranjo (PS).
Al respecto, Tomás Mosciatti cuestiona el proceso que derivó en esta compra: “¿Por qué el Poder Judicial llama a Toyota y estos le ofrecen un modelo? ¿Por qué no llaman a licitación? Ellos exigen que haya licitación y ellos no. ¿Puede la Contraloría fiscalizar esto?», recalcó.
