El contralor Jorge Bermúdez señaló que Miguel Crispi deberá explicar a Contraloría las razones para negarse a asistir a la comisión investigadora por el Caso Convenios, apuntando a que debe dar cuenta de sus decisiones.
Así lo aseguró durante la sesión, que era esperada con mucha expectación, y que se realizó la mañana de este lunes en el Congreso, donde el contralor general de la República asistió como invitado a la instancia.
Al respecto, la autoridad dio un “mazazo” a la teoría del Gobierno respecto a que Crispi, al ser funcionario a honorarios, no tiene la obligación de concurrir a la comisión a prestar declaración.
En ese sentido, si bien reconoció que no hay jurisprudencia sobre la materia, esperarán la respuesta del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda para finalmente tomar una definición como Contraloría.
Contralor asegura que Miguel Crispi debe rendir cuentas
De todas maneras, Jorge Bermúdez dejó en claro un elemento fundamental, que para la Contraloría que él ha manejado durante ocho años, el principio rector es la rendición de cuentas y que a veces más importante que la denominación, es la función que cumple la persona, la que determina si es que tiene que generarse una rendición de cuentas.
“Nosotros desde la Contraloría lo vemos así, en un estado democrático uno de los principios fundamentales es el de rendir cuentas”, sentenció.
“Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas en el sentido que acabo de empezar, es decir, dar razón, justificar sus actuaciones, sus decisiones, eso independientemente de la denominación que tenga a su cargo e independientemente de la forma en que viene denominada”, aclaró.
“Hay distintos mecanismos de control y uno de esos mecanismos de control en un Estado democrático es, efectivamente, una comisión especial investigadora, que además tiene legitimación democrática, que es una legitimación que ni el contralor ni que otros funcionarios tienen”, afirmó Bermúdez.
“Por lo tanto, evidentemente que uno tiene que tener como mínimo una deferencia respecto de esa entidad, que es la Comisión especial investigadora, que es la que tiene la representación del soberano, que es el pueblo, que son las personas que han empoderado en el voto a las personas que están integrando esta comisión”, emplazó el contralor.
Por lo mismo, Crispi deberá explicar por qué técnicamente cree que él está libre de la fiscalización de una comisión especial investigadora en calidad de funcionario. En todo caso, el contralor Bermúdez evitó zanjar si Miguel Crispi es o no funcionario público.
“Hemos recibido ya varias presentaciones tanto de la propia Comisión como de otros parlamentarios, a propósito de cuál es la situación que tiene el jefe de la asesoría de la Presidencia, lo que comúnmente se denomina como el jefe del Segundo Piso”, reseñó.
“Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es darle traslado a esa persona para que nos diga por qué razón estaría exceptuado de este control, por qué razón esta persona no tendría que comparecer por cuanto a esta comisión y por qué razón no estaría sometido a este control, que es propio de un Estado democrático”, agregó.
“Ahora bien, la visión de la Contraloría, por lo menos bajo mi gestión, ha sido el que uno tenga que atender a la función que se desempeña más que la denominación. Hemos ido entendiendo que no es tan relevante para efectos de derechos, pero también de deberes, la denominación que pueda tener una determinada fórmula contractual, como tampoco es tan relevante si, por ejemplo, se organiza una entidad conforme al derecho público en derecho privado, como es el caso de las corporaciones municipales”, insistió el contralor por el caso de Crispi.
Contraloría entregará informe por Caso Convenios el 30 de octubre
Asimismo, Bermúdez anunció que el próximo 30 de octubre entregarán los informes pormenorizados sobre el caso, que está en dos niveles: las gobernaciones regionales y el Ministerio de Vivienda.
Dichos informes van a dar cuenta de la situación actual del escándalo por convenios de organismos públicos con fundaciones, así como respecto a si hay nuevos antecedentes de casos y las posibles vulneraciones que han ocurrido en más regiones del país.
Por último, consignar que el presidente de la Comisión Investigadora, diputado José Miguel Castro, solicitó un aplazamiento, una prórroga de quince días de esta comisión investigadora, que ha sido aceptada por los parlamentarios y que se va a votar en la Sala de la Cámara.
Lo anterior, para poder recibir el informe pasado el 30 de octubre y comenzar en noviembre a terminar el trabajo de la comisión investigadora, leyendo y analizando sus conclusiones.
