Un total de 30 expulsiones se han concretado este 2023 en recinto educacionales dependientes de la Municipalidad de Santiago que han sido marcados por hechos de violencia en las calles, como el Instituto Nacional, el Internado Nacional Barros Arana (INBA) y el Liceo Barros Borgoño.
Y es que según informó El Mercurio, este año se han iniciado 570 procesos por faltas graves o gravísimas a la convivencia escolar.
Esta cifra se refiere principalmente al primer semestre con agregados en septiembre. Además, se canceló la matrícula de 24 jóvenes por falta al reglamento interno.
La alcaldesa Irací Hassler (PC) no dudó en referirse a esta situación, asegurando que los hechos violentos no pueden quedar en impunidad.
“Nosotros hemos sido muy claros, estos hechos no pueden quedar en impunidad y esto requiere, por tanto, de la aplicación de los reglamentos internos de convivencia escolar al interior de los establecimientos educacionales y también de la investigación de las policías y la Fiscalía, para que no queden sin sanción aquellos hechos que son constitutivos de delito”, aseveró.
Asimismo, confirmó que la aplicación de los reglamentos “ha implicado también en varios casos la sanción máxima, que es de expulsión, en cerca de 30 casos este año. El año pasado también hubo muchas situaciones de ese tipo, así como también otras sanciones y otras conversaciones, que son parte también del diálogo y del proceso educativo en cada uno de nuestros establecimientos educacionales”.
Hassler y dudas de los apoderados
Consultada por las dudas de los apoderados ante las expulsiones, quienes dicen que las expulsiones son realmente cambios hacia otros liceos, la autoridad dio a conocer su postura.
“Una expulsión, como el nombre bien lo dice, justamente señala la expulsión del establecimiento educacional. Obviamente, el Ministerio de Educación tendrá la tarea posteriormente de entregar algún espacio para la educación. Pero, que nos parece clave que pueda ser rompiendo estas dinámicas que se han dado en establecimientos educacionales”.
Luego, apuntó a que los hechos de violencia ocurridos en los liceos participan adultos que nada tienen que ver con los establecimientos. Aseveró que estos hechos han sido protagonizados “tanto por estudiantes, muchas veces, como también muchas veces por personas externas a las comunidades educativas y por personas adultas que han sido, por ejemplo, detenidas en flagrancia en algunas de las ocasiones de estos hechos lamentables”.
“Para aquellas personas que no tienen interés en mejorar sus establecimientos, que no tienen interés en la democracia y en la educación pública y que actúan de manera violenta y cometiendo delitos; eso requiere no solo el reglamento interno de convivencia escolar, sino que también que puedan ser sancionados en la justicia como corresponde a la comisión de un delito”, reiteró.
Finalmente, indicó que “a diferencia de otros años, cada vez más estos hechos son muy aislados, son menos continuos en el tiempo. Pero, además, (son protagonizados) por un grupo muy acotado de personas y esas personas no pueden afectar a toda la educación pública. Por eso que hemos actuado con reglamentos internos de convivencia escolar y con las demandas y querellas para que la justicia pueda actuar en aquellos hechos que son constitutivos de delito”.
