La oposición cuestionó el financiamiento de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile, que encabezó el presidente Gabriel Boric, tras conocerse el contrato por 640 millones de pesos vía trato directo.
Se trató de una actividad que comenzó temprano, pese a la fuerte lluvia que cayó en la capital, pero que en ningún momento puso en riesgo la realización de la ceremonia.
De todas maneras, hay quienes reconocen -en la interna- que la organización no fue buena, principalmente con la recepción de autoridades y exautoridades extranjeras.
No obstante, en el Ejecutivo han realizado públicamente un balance positivo.
Al menos es lo que dicen, pese a que la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, ha decidido no hablar.
Todo comenzó con la llegada de invitados especiales y autoridades extranjeras, que hicieron su ingreso por el Patio de Los Naranjos para ser conducidos hasta el Salón O’Higgins, en donde se realizó un desayuno ofrecido por el presidente Gabriel Boric.
En la oportunidad, el mandatario abrió la carpeta que contenía el “Compromiso de Santiago”, que contó con la firma de representantes de Brasil, Ecuador, España, Irlanda, República Dominicana, Consejo Federal Alemania, Colombia, México, Portugal, además de nuestro país.
Luego se realizó un recorrido patrimonial en La Moneda y posteriormente el esperado acto en la Plaza de la Constitución, donde el presidente Boric entregó un largo discurso, de más de media hora.
Pero antes de las palabras del mandatario, habló la senadora Isabel Allende, hija de Salvador Allende, quien entregó un emotivo discurso recordando su último encuentro con el fallecido presidente.
En su alocución -cerca de 15 minutos, más breve que la del jefe de Gobierno- lamentó que la derecha haya intentado, durante esta conmemoración, invertir las responsabilidades del golpe e hizo un llamado de atención a quienes han “relativizado” la ruptura democrática.
No obstante, la jornada estuvo empañada por cómo se organizó esta conmemoración, más allá de lo político, especialmente por los costos.
Esto último, luego que se conociera que se firmó un contrato vía trato directo por 640 millones de pesos, a cuatro días del 11 de septiembre.
Esto último, pese a que esta modalidad es utilizada principalmente para emergencias.
El diputado del PDG, Rubén Oyarzo, adelantó que enviará un oficio para conocer antecedentes de este trámite. Al respecto también se refirió el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum.
Francisco Leturia, presidente del Consejo Para la Transparencia (CPLT), también fue crítico, cuestionando la vía del trato directo.
Consultado al respecto, desde el Gobierno, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, en breves declaraciones, indicó que no hay ninguna falta a la normativa.
