El martes por la noche la fundación Democracia Viva respondió a los dichos del ministro Carlos Montes de Vivienda, quien cuestionó los 3 recursos presentados el viernes por la fundación ante la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, pidiendo no reintegrar —por ahora— los $391 millones que la repartición le pidió devolver.
“No vamos a aceptar irregularidades, vamos a poner todas las condiciones que tengamos para asegurar que estos recursos se restituyan y se destinen para mejorar las condiciones de vida de los campamentos”, dijo Montes.
El reintegro correspondía a las partes no ejecutadas de los 3 convenios —por un total de $426 millones—, suscritos con Democracia Viva en 2022.
En los documentos presentados el viernes, el presidente de la fundación Daniel Andrade (ex RD) planteó que no se consideraron las rendiciones de febrero en adelante, por lo que les pedían reintegrar un monto mayor al que debían devolver.
Aseguró que se vulneró la “justicia contractual” y el principio de igualdad ante la ley, por lo que pidió realizar un proceso administrativo adecuado.
En la declaración, la fundación afirmó que el Ministerio de Vivienda “ha dado a entender que no estamos disponibles a devolver el dinero, eso no es así.
Estamos en proceso administrativo de determinación de cuál es el monto que debemos devolver.
Para eso hemos ingresado un recurso para que se considere el presupuesto realmente ejecutado y rendido”.
A esto añadieron que “una correcta revisión a nuestro parecer, de las rendiciones de nuestros trabajos a junio de este año, establece que el monto a devolver sería de $294.384.230”.
Adjuntaron a la declaración el pantallazo de una cartola de una cuenta corriente en Banco Estado que mostraba un saldo total de $294.957.312 a las 6:45 pm del martes 25.
Es decir, casi $97 millones menos de los que la Seremi les pide devolver.Los argumentos dados por Andrade.
“Vengo en impetrar (solicitar con ahínco) recurso de reposición y jerárquico en subsidio, deducido en el primer otrosí de esta presentación, en contra de la Resolución N°299 de fecha 14 de Julio de 2023, emitida por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, consistentes en 3 recursos de reposición por cada uno de los convenios suscritos entre la fundación que encabeza y la repartición pública”, consignó el primero de los 3 documentos presentados por Andrade.
A continuación, los detalles de su argumentación.
Transferencia de $200 millones. “En virtud del convenio referido en el numeral anterior y de la ya citada Resolución Exenta N°504 de 2022 de Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, con fecha 17 de octubre de 2022 se realizó la transferencia a la Fundación Democracia Viva de la suma de $200.000.000”.
Término anticipado. “Con fecha 10 de Julio de 2023, mediante la Resolución Exenta N°279 se dispuso el término anticipado del convenio en comento, ordenando la liquidación del mismo, debiendo determinarse el monto a restituir por parte de la fundación”.
Devolución de $171 millones. “En consecuencia, con fecha 14 de Julio de 2023, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta emite el acto recurrido, Resolución Exenta N°299, mediante el cual se aprueba el acta de liquidación por término anticipado del convenio, disponiendo además la restitución, en un plazo máximo de 30 días, de la suma de $171.481.839”.
Diferencia de monto. “Según consta del acta de liquidación de fecha 14 de Julio de 2023, la Fundación que represento efectúo mensualmente las rendiciones correspondientes desde el inicio de la ejecución del proyecto, esto es desde el mes de octubre de 2022 hasta el mes de mayo de 2023. Sin embargo, según consta en el mismo documento en referencia las rendiciones realizadas de febrero, marzo, abril y mayo de 2023 fueron observadas, por lo que los montos allí consignados no han sido considerados en el monto total gastado y rendido del proyecto”.
Justicia contractual. “Evidente es la necesidad de existencia de reglas claras en el proceso de suscripción del convenio, de igual modo en la interpretación, aplicación y ejecución de éste, a fin de que sean razonables y respondan a criterios de buena fe y justicia contractual que, en este caso, manifiestamente, se han vulnerado”.
Panorama general. Los 3 convenios —por un total de $426 millones— son los que dieron origen al denominado caso Democracia Viva y que repercutió en investigaciones que actualmente se extienden por 9 regiones, involucrando a diferentes fundaciones.
En este caso se indaga el eventual fraude al fisco ocurrido en los traspasos autorizados por el entonces seremi de Vivienda Carlos Contreras a la fundación liderada por Andrade, en circunstancias de que ambos militaban en Revolución Democrática (RD) y tenían cercanía con la diputada Catalina Pérez.
El primero fue su asesor y Andrade era entonces su pareja.Mientras RD suspendió la militancia de Pérez, tanto Andrade como Contreras fueron expulsados del partido (Andrade había comunicado antes su renuncia).
