Las polémicas y nuevos descubrimientos que se han generado luego de 20 días desde que estallara el caso convenios, no paran, y es que ya son 15 las fundaciones cuestionadas por contratos con organismos públicos a lo largo del país.
De ellas, al menos nueve están siendo investigadas por el Ministerio Público.
El medio de comunicación Mega Investiga analizó los 65 convenios y subvenciones que fueron adjudicados desde 2022 a estas entidades privadas.
Las transferencias reportadas suman casi $12 mil millones, que deberían haber ido en directo beneficio de las personas.
El análisis de los decretos que fijan la entrega de los dineros, muestra que la mitad de las fundaciones no tenía los giros tributarios adecuados para realizar los programas que les adjudicó el Estado.
Por ejemplo, en 2022, una fundación dedicada a la participación política fue seleccionada por la Gobernación de Los Lagos para regularizar títulos de dominio.
Lo mismo ocurrió con una corporación educacional: quedó a cargo de la regularización de terrenos de pequeños y medianos agricultores.
Otra fundación, con giro de actividades veterinarias y de producción cinematográfica, fue contratada por el Minvu para entregar agua potable en Copiapó.
Entre las tres, suman convenios por casi $2.700 millones. Pero no son las únicas, y es que el problema se repite a lo largo del país.
En Padre las Casas, Fundación Local firmó convenios por más de $2 mil millones con la Gobernación de la Araucanía para promover el turismo en la zona y la revalorización de residuos domiciliarios.
Su giro era de asesoría financiera, enseñanza y consultoría de gestión.
Llama la atención que cinco de las seis transferencias que registra la fundación, se hicieron en un solo mes: enero de este año.
En Antofagasta, la Seremi de Vivienda eligió a la fundación cultural TomArte para el programa de asentamientos precarios.
Sin embargo, esta sólo tiene giros de enseñanza, de promoción de actividades culturales, y de producción de obras de teatro y espectáculos.
Lo mismo ocurrió con el convenio con Espacio Lúdico para la habitabilidad de campamentos: su giro era de actividades culturales o recreativas, y de alquiler de “otros efectos personales y enseres domésticos”.
Por su parte, Territorios Colectivos recibió una subvención presidencial de $75 millones para el manejo de residuos en Juan Fernández, incluyendo la mejora de la infraestructura de un vertedero.
Pero, según los datos del Servicio de Impuestos Internos, sólo registra como giros tributarios la promoción de actividades culturales, de organizaciones políticas y de organizaciones extraterritoriales. Nada relacionado al manejo de basura.
Algo similar ocurrió con la fundación Procultura, que tenía el giro de promoción de actividades culturales y de edición y venta al por menor de libros.
En 2023, sumó “otros tipos de enseñanzas no calificadas previamente”.
Pese a ello, la organización se adjudicó cuatro convenios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta para la habitabilidad de campamentos.
El fiscal de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Los Lagos, Marco Muñoz, es tajante en señalar que esto no se enmarca en cómo deben ser las contrataciones públicas.
“El Estado debiese contratar y entregar recursos a personas que tienen experiencia para desarrollar labores que se encomiendan según el convenio”, asegura.
Giros de último minuto
Algunas de las fundaciones ampliaron sus giros de forma posterior a la entrega de los dineros.
Es el caso de Democracia Viva, que se adjudicó proyectos de habitabilidad de campamentos en Antofagasta, aunque tenía el giro de actividades culturales y recreativas.
Fue un mes después de recibir los recursos, que sumó el de construcción de proyectos de servicio público.
En Atacama, la Seremi de Vivienda contrató a la fundación Comprometidos para el programa de asentamientos precarios, aunque esta tenía solo giro tributario de producción de películas y de clínicas veterinarias.
Tres meses después de recibir los dineros, sumó el giro de “asistencia social sin alojamiento” y de promoción de actividades culturales.
La corporación educacional Kimün firmó un convenio con la Gobernación de Los Lagos para regularizar la propiedad de terrenos de pequeños y medianos agricultores.
Hasta entonces, tenía registrado el giro de asociaciones que promueven actividades culturales. La entidad amplió su giro tributario a “actividades de consultoría” en diciembre de 2022, casi dos meses después de que fueran aprobados los fondos.
También en Los Lagos, la gobernación firmó convenios con la Fundación Participa, otorgándole $1.200 millones para la regularización de títulos de dominio.
Sin embargo, el giro tributario de Participa sólo le permitía representar “los intereses de grupos especiales o que promueven ideas ante la opinión pública” y realizar “investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias”.
Al día siguiente de que estallara el caso convenios con Democracia Viva, la fundación amplió su giro a “asociaciones que promueven actividades culturales”, lo que tampoco se relaciona al proyecto adjudicado.
Con estos antecedentes, será la justicia quien deberá determinar si las contrataciones de estas fundaciones y corporaciones se ajustan o no a la ley.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Bonilla, enumera los delitos que podrían configurarse en este caso: fraude al fisco, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociación incompatible e, incluso, lavado de activos.
