Este lunes, el Gobierno anunció que entregarán todos los antecedentes de las fundaciones que trabajan con el Ejecutivo en los últimos cinco años, lo que incluye la anterior administración de Sebastián Piñera, en un intento por responder al escándalo por el caso Convenios.
Desde La Moneda, la ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, advirtió que esta indagatoria será “caiga quien caiga”.
La secretaria de Estado señaló que se conformará un equipo de expertos para la integridad pública.
“El Gobierno es el más interesado en que estos casos se investiguen, se esclarezcan y que todos quienes tengan responsabilidad, asuman su responsabilidad”, aseguró.
“Si la responsabilidad es política, la responsabilidad política se hace valer. Si la responsabilidad administrativa, la responsabilidad administrativa se hace valer a través de investigaciones sumarias y/o sumarios administrativos”, añadió.
“Si la responsabilidad es penal, entonces es la Justicia, la que te debe determinar quién cometió un delito, qué tipo de delito cometió y cuáles son las sanciones o penas asociadas a ese delito”, insistió Vallejo.
“Como Gobierno hemos actuado, porque somos los más interesados en que esto se esclarezca, caiga quien caiga y quien tenga que asumir su responsabilidad. Esto no se trata de superioridad moral ni nada por el estilo, se trata de cómo actuamos frente a este tipo de situaciones”, puntualizó.
“Esperamos que ese estándar siempre se cumpla, sea para los casos propios, como sea para los casos que involucran a otro sector político”, advirtió.
“Por lo mismo hemos procedido no solo establecer responsabilidad política, sino que también hemos iniciado, cada vez que sea necesario, investigaciones sumarias, sumarios administrativos y hemos colaborado y seguiremos colaborando con la justicia en la entrega de toda la información correspondiente”.
En ese sentido, destacó que tanto el ministro de Vivienda, Carlos Montes, como el de Justicia, Luis Cordero, iniciaron un proceso para recabar información de todas las fundaciones involucradas en acusaciones.
No obstante, advirtió que “cada requerimiento de información será entregado con cinco años de antigüedad. Insistimos, esto tiene que ser caiga quien caiga”.
En paralelo, la ministra Vallejo informó la conformación de un equipo de expertos “para la probidad y la integridad institucional”, que tendrá 45 días para “establecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro”.
“Estamos hablando de fundaciones y corporaciones donde primen los principios de transparencia, de efectividad, eficiencia y rendición de cuentas de los convenios de colaboración que surgen entre estas entidades y el Ejecutivo”.
Entre los objetivos del grupo de expertos, está “identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado”.
Así también “proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la vinculación de dichas instituciones con el Estado, que faciliten el conocimiento por parte de la ciudadanía sobre el uso de los fondos que se entregan a estas entidades”.
“En tercer lugar, proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de las instituciones privadas sin fines de lucro colaboradoras del Estado, a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos”, dijo Vallejo.
Por otro lado, se incluye “revisar los mecanismos de control y rendición de cuentas, así como propuestas para prevenir los conflictos de intereses y, en último lugar, proponer sanciones para el mal uso de los recursos públicos por parte de dichas entidades y de quienes correspondan involucrados en estas faltas”.
Gobierno anuncia nuevos proyectos de ley
Vallejo también recordó que el Gobierno tiene ya una agenda legislativa en materia de probidad y transparencia, que reforzará con iniciativas que ya tiene en trámite, como el Estatuto de Protección a Denunciantes de Corrupción y sobre Integridad Municipal.
A su vez, la ministra anunció nuevas iniciativas de ley, como la reforma al Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno, que ya había adelantado el ministro Mario Marcel, junto al proyecto para regular el conflicto de intereses y la llamada “Puerta giratoria”.
“Vamos a ingresar un proyecto de ley que establezca prohibiciones e inhabilidades para el tránsito del sector público al privado y viceversa, acotadas y siguiendo los estándares internacionales en la materia”, anunció.
Otro de los proyectos será la iniciativa que eleva los estándares de integridad en el lobby y en el ejercicio de influencias particulares, y una Ley de Transparencia 2.0.
