Este jueves se dio a conocer que un grupo de diputados de la bancada UDI, Henry Leal, Marlene Pérez y Cristóbal Martínez exigen la renuncia inmediata de los ministros de Vivienda y Urbanismo y de Desarrollo Social, Carlos Montes y Giorgio Jackson, respectivamente, por el «caso convenios» que involucra a ciertas fundaciones.
No conformes con esto, también piden la salida de la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, y del seremi Minvu de la Región del Maule, Rodrigo Hernández, por su presunta complicidad con el denominado caso.
Al respecto, y junto con calificar como “escandaloso” el actuar que enfrenta la colectividad del Frente Amplio, los parlamentarios gremialistas señalaron que, independiente de la arista penal que está llevando a cabo la Fiscalía -y en la que la Bancada UDI se hizo parte por medio de una querella criminal-, “es indispensable que el Presidente Gabriel Boric exija las responsabilidades políticas del caso”, advirtiendo que la reciente salida de la subsecretaria de Vivienda “es insuficiente”.
Desde la UDI manifiestan que, “Los chilenos necesitan que el Gobierno se preocupe de mejorar su gestión pública, de administrar bien nuestro país y no estar semana tras semana perdiendo el tiempo en un nuevo escándalo o polémica. Porque desde el primer día que llegó esta administración que son incapaces de tener una semana tranquila”.
También solicitaron la salida de cualquier funcionario público que tenga algún tipo de vínculo o relación con las fundaciones cuestionadas, asegurando que “es muy probable que estemos frente a eventuales delitos, que pueden ser fraude al Fisco, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias. Por lo tanto, el Gobierno tiene la responsabilidad de desmarcarse lo más que pueda y desprenderse de todos los trabajadores y autoridades que puedan estar involucradas en esta grave situación”.
A raíz de la investigación de oficio que abrió la Fiscalía Regional del Maule -esta vez por la ONG Urbanismo Social-, los parlamentarios de la bancada UDI recordaron que la semana pasada enviaron casi 200 oficios a distintas reparticiones de todo el país, solicitando justamente transparentar las asignaciones de recursos y las transferencias directas que hayan realizado el último año, advirtiendo que “es probable que este mecanismo se esté repitiendo en otras regiones del país”.
Finalmente, reiteraron que “Todo indica que estamos ante un mecanismo para defraudar al Estado, y si el Presidente Boric no toma las medidas correspondientes, su gobierno también se verá perjudicado”.
