A tempranas horas de este miércoles, los diputados oficialistas del Partido Comunista Carmen Hertz, Lorena Pizarro, Luis Cuello y María Candelaria Acevedo; además de los socialistas Emilia Nuyado y Jaime Naranjo; la PPD, Helia Molina; el humanista, Tomás Hirsch, y la independiente de la bancada del Frente Amplio, Mercedes Bulnes, presentaron un proyecto de ley que tipifica y sanciona el negacionismo de violaciones a los Derechos Humanos, incluso con penas de prisión de hasta 61 días.
De acuerdo al proyecto, al que tuvo acceso el medio Radio Bío Bío, se busca tipificar la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet.
La iniciativa presentada busca modificar el Libro Segundo del Código Penal, denominado “Crímenes y simples delitos y sus penas”, al Título Tercero “De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución, un nuevo párrafo del siguiente tenor: “De la justificación, aprobación o negación de violaciones de derechos humanos”.
En ese nuevo párrafo, se incorpora el tipo de Negacionismo en un nuevo artículo 161 D, que tipifica la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes consignados en los informes de las cuatro comisiones estatales que registraron las violaciones a los DDHH en la dictadura, se indica.
Estas últimas son la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.
“Para que se configure la responsabilidad penal que el tipo propone en el proyecto, es necesario que se produzca un determinado resultado fáctico, consistente en una perturbación del orden público, un impedimento del legítimo ejercicio de un derecho por parte de un tercero”, indica.
Para ello, se propone un castigo con la pena de prisión en su grado medio a máximo, es decir, de 41 hasta 60 días, y una multa de 20 a 40 Unidades Tributarias Mensuales, entre 1 millón 200 mil pesos y 2 millones 500 mil pesos a la fecha actual.
Pero además, se pide agravar la pena en el caso de que el infractor sea un funcionario público en ejercicio.
“En el caso de que la conducta tipificada sea desplegada por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo, el proyecto contempla una agravación de la pena, circunstancia que se fundamenta en la infracción al principio de igualdad y al deber de objetividad que les es imperativo”, indica.
“Ad portas de cumplirse 50 años del golpe militar, legislar acerca del Negacionismo se erige como un imperativo ético y jurídicamente correcto, pues significa avanzar en el compromiso irrestricto del respeto a la noción de la condición y dignidad humana”, indica el texto.
Asimismo, apunta a “contribuir a la obligación de prevención y garantías de no repetición que pesan sobre el Estado de Chile; perseverar en la construcción de una memoria colectiva y honrar el pacto social del Nunca Más y frenar la impunidad”, añade.
Por último, se busca “honrar el esfuerzo inclaudicable de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, impidiendo que se banalice su dolor y sacrificio”.
