A raíz de una consulta de parlamentarios referente a la expulsión de extranjeros pendientes de notificación, que serían 20 mil, el Servicio Nacional de Migraciones envió un oficio respondiendo a la Comisión de Gobierno de la Cámara.
Desde la entidad se informó que desde que entró en vigencia la Ley Nº 21.325, hasta el 31 de marzo 2023, desde el Servicio se “ha remitido a la Policía de Investigaciones (PDI) 2.192 oficios que inician procedimientos de expulsión”.
Aclarando que el periodo comprendido es “entre marzo de 2022 y marzo de 2023” porque “si bien la nueva Ley de Migraciones se promulgó el año antepasado, su reglamento se publicó en febrero de 2022, iniciando ahí su vigencia”.
De las cifras anteriores, según consigna El Mercurio, desde la PDI se ha informado al Servicio Nacional de Migraciones que “hasta el día 31 de marzo de 2023, se han notificado personalmente 1.188 inicios de procedimientos sancionatorios de expulsión”.
De los que se dictaron, a través del Servicio, “881 resoluciones que disponen la expulsión de extranjeros infractores de la Ley Nº 21.325, de Migración y Extranjería”.
Desde el Partido Republicano, para el diputado Johannes Kaiser los datos significan que “no vamos a tener un cambio de política migratoria hasta que este Gobierno entienda que su camino, el de las fronteras abiertas, está equivocado”.
Agregando que “el hecho de tolerar a personas que se encuentran ilegalmente en Chile es un peligro para la seguridad nacional, algo que el mismo director de Migraciones negó en una sesión de la comisión de Gobierno y que después tuvo que rectificar“.
Por otra parte, desde el oficialismo, la diputada Javiera Morales (CS) aseguró que “el que existan 20 mil expulsiones decretadas sin ejecución y que se vayan heredando de gobierno en gobierno” es un problema de Estado.
“Si comparamos con el año 2021, la cantidad de expulsiones aumentó en un 17% el 2022, lo que contradice a todos quienes han cuestionado la voluntad política de este Gobierno por avanzar en una inmigración ordenada, regular y segura”, comentó Morales.
Regulación migratoria
Recordemos que, durante abril, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley un proyecto de reforma que permite modificar la Carta Fundamental en esta materia.
En ese sentido, lo que se busca es aumentar los procesos de expulsión de 48 horas a cinco días y que los primeros dos días, al momento de detener a una persona, no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas.
En el caso anterior, la ley será la encargada de fijar un plazo máximo que no podrá exceder de cinco días corridos.
