Desde el año 2018, familias chilenas y extranjeras que vivían en las tomas de la población Laguna Verde —ubicada en la zona limítrofe de Iquique, en la región de Tarapacá— comenzaron a ser víctimas de un feroz e ilegal "negocio inmobiliario" que llevó adelante una banda criminal.
Se conoció que sus integrantes llegaban armados a los domicilios y le exigían a sus moradores que abandonaran la casa. Una vez que la arrebataban, la ponían a la venta bajo atractivas condiciones: solo costaban $4 millones y le aseguraban a los nuevos propietarios que no pagarían servicios básicos, ya que estaban colgados al suministro eléctrico.
Recientemente, los ocho miembros de la organización fueron condenados a más de 160 años de cárcel en total, por su autoría en diferentes delitos, tales como lesiones graves; disparos injustificados en la vía pública; porte y tenencia de armas convencionales, prohibidas y de uso bélico; receptación de vehículo; y conducción de vehículo con patente y documentos falsos.
Hubo víctimas que opusieron resistencia y pagaron las consecuencias: meses de amenazas de muerte a punta de armas de grueso calibre. Casi a finales de aquel año, Juan Torrealba Montoya, uno de los líderes de la agrupación, le disparó en la pierna a una mujer que no quiso entregar su vivienda, dejándola con fractura expuesta.
La exhaustiva investigación del Ministerio Público, estos «corredores de propiedades» fueron detenidos por Carabineros en 2021, tras escapar de un ajuste de cuentas a una nueva víctima —que sufrió el mismo ataque y la misma lesión en su pierna—, que protagonizaron a vista y paciencia de la comunidad.
Tras el arresto, a la banda criminal se le incautó un fusil M16, un arma de guerra que tenía características similares al cargamento decomisado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1986, en la localidad de Carrizal Bajo, en la región de Atacama.
Análisis del Labocar de Carabineros hacen suponer que el M16 correspondería a uno de los decomisados durante la dictadura militar, pero no es posible afirmarlo, porque el número de serie del arma fue eliminado mediante tres perforaciones en la toma del cargador, donde precisamente aparece el código identificatorio del armamento.
Estas mismas perforaciones fueron encontradas en las armas que le requisaron al Frente Patriótico a mediados de la década de los ochenta.
Pese a ello, está la incertidumbre de si realmente corresponde a ese decomiso o si fue internado posteriormente por otra agrupación. Lo que sí está claro es que no hay un vínculo directo entre el FPMR y estos criminales inmobiliarios.
Otras de las armas incautadas fueron dos escopetas, tres revólveres y cinco pistolas.
El testimonio de una víctima fue clave en la investigación
La mujer que atacó Torrealba fue identificada bajo las iniciales M.N.T.C., cuyo fatídico episodio sufrido fue contemplado en una indagatoria de Fiscalía. El documento judicial consigna que el sujeto llegó con sus cómplices a su domicilio, porque ella había comprado su casa en «territorio» de los antisociales, así que «le harían la vida imposible».
Ella los denunció ante la justicia, pero eso intensificó las amenazas y los disparos reiterados hacia su hogar. Luego de ser baleada en la pierna, a la víctima no le quedó otra que abandonar el inmueble.
Por otro lado, una testigo clave aseguró que la organización intimidaba a todo el barrio y que también fue amedrentada por sus integrantes, quienes la consideraban la «sapa de la población».
«Le pegaban a la gente, personas enfermas caían en el suelo, no tenían compasión con nadie: personas de la tercera edad, personas fracturadas… Ellos eran manada», declaró, según consigna Radio Biobio.
