Sin poder votar o ir de candidatos a una elección popular se quedaron seis personas, luego de descubrir que habían sido afiliados a partidos políticos sin su consentimiento. Este lunes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó medidas intrusivas para determinar si las colectividades infringieron o no la Ley Electoral. La indagatoria la lidera la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó al Ministerio Público para que acceda a las actas de cinco partidos políticos investigados por la afiliación de militantes sin consentimiento.
La solicitud de la fiscalía fue ingresada a través de un escrito de dos carillas, al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile. En ella, el organismo persecutor requirió la entrega de las fichas originales de las colectividades.
Sólo en esta causa son seis los ciudadanos que se vieron impedidos de ejercer su derecho a voto o no pudieron inscribirse como candidatos a un cargo de elección popular. Todos ellos figuran enlistados en partidos políticos por los que no recordaban haber firmado.
La Unión Demócrata Independiente (UDI), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Revolución Democrática (RD) y los extintos Partido Regionalista Independiente Demócrata y Ciudadanos son las tiendas cuyas actas están bajo la lupa del Ministerio Público.
La investigación por infracción a la Ley Electoral está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Partió en diciembre de 2021, fruto de una denuncia del Servel.
De acuerdo con antecedentes contenidos en el expediente judicial, la fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI, quienes interrogaron a los electores afectados.
Además, los detectives levantaron muestras caligráficas y de huellas digitales de los denunciantes. Ello, con la finalidad de poder compararlas con las actas originales de afiliación que almacena el Servel en sus oficinas de Esmeralda 611, en Santiago Centro.
La comparación, sin embargo, no pudo llevarse a cabo en una primera instancia, pues desde el organismo electoral se excusaron de no poder dar acceso a los documentos, sin una orden judicial de por medio.
“Atendido lo dispuesto en el artículo 19 N° 15 de nuestra Constitución Política de la República, no resulta procedente la entrega de la documentación relativa a la afiliación política de las personas, sin que medie una orden de un tribunal que así lo disponga”, respondió a la PDI el subdirector de Partidos Políticos del Servel, Roberto Salim-Hanna en aquella ocasión.
De ahí que este lunes el fiscal a cargo de la indagatoria, Christofer Belda Carrasco, solicitara ante la justicia la autorización para que funcionarios de la PDI puedan acceder y realizar los peritajes respectivos a las actas de las seis personas afiliadas fraudulentamente.
En consecuencia, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Mario Cayul, resolvió dar luz verde a la fiscalía “para que bajo su estricta dirección personal de la Policía de Investigaciones de Chile, pueda acceder a las actas de las 6 personas que fueron afiliadas a partidos políticos sin su consentimiento y efectuar el peritaje señalado en la presentación que se provee”.
50 CASOS EN 3 AÑOS
Consultado por la Unidad de Investigación de BioBioChile, el Servicio Electoral detalló que desde el 2020 a la fecha han reportado 50 casos de similares características al Ministerio Público.
En ese contexto, explicaron que para estos efectos disponen de una plataforma para que los ciudadanos puedan denunciar eventuales afiliaciones involuntarias a partidos políticos. Hecha la denuncia, el Servel pone a disposición del afectado copia de la ficha que dio origen a la afiliación para que el denunciante desconozca su firma o la veracidad del documento.
“Sólo cuando el denunciante desconoce la firma los antecedentes se envían al Ministerio Público para su eventual investigación”, señalaron.
Asimismo, “en el caso que un ciudadano fuere afiliado sin su consentimiento a un partido político, será eliminado del Registro General de Afiliados tras la sentencia judicial que así lo ordene”.
“COMPLETA DISPOSICIÓN”
Consultado por la situación, el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, subrayó que se trata de hechos en investigación que “pueden ser constitutivos de delito”.
Añadió que como partido se atienen “a las normas que la ley establece para la afiliación de militantes y que incluso hoy día Servel dispone de una plataforma digital para la afiliación a los distintos partidos“.
Por último, manifestó que tienen “completa disposición del partido para aclarar cualquier supuesta irregularidad. Somos los primeros interesados en aclararlo”.
En la misma línea, desde el partido oficialista condenaron “cualquier tipo de falsificación de instrumento público, privado o usurpación de nombre que se cometa para afiliar a una persona a un partido político sin su consentimiento”.
