Durante su discurso la noche del 19 de diciembre de 2021, tras ganarle a José Antonio Kast en segunda vuelta, el hoy presidente Gabriel Boric dijo “no a Dominga”.
Pero eso no fue ninguna noticia: a esa altura ya conocida era su postura en contra del mega proyecto.
Por ejemplo, en agosto de 2021, el entonces diputado escribía en Twitter: “el proyecto minero Dominga destruiría uno de los ecosistemas marinos más importantes en América Latina”.
“A días del demoledor informe de la IPCC tenemos que avanzar en un desarrollo que conviva con nuestro medio ambiente, respete a los ecosistemas y no los destruya #NoADominga”, agregó.
Aunque ya fue rechazado en una oportunidad, en agosto de 2021 Dominga volvió a respirar tras recibir la luz verde de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, por lo que su futuro está en las manos del actual Gobierno.
Ahora, ante la inminente sesión del Consejo de Ministros justamente por el futuro de la inversión de US$2.500 millones de Andes Iron, comunidades del Archipiélago de Humboldt le quieren cobrar la palabra al Presidente.
Este jueves estas publicaron una carta abierta al Mandatario.
“Respetuosamente nos dirigimos a usted con el fin de manifestarle nuestra preocupación por el futuro de nuestras fuentes de trabajo y del hermoso medio ambiente marino y terrestre donde vivimos”, parte el texto, en el que le recuerdan que la zona – además de ser un hotspot de biodiversidad – es un lugar lleno de actividades sustentables.
“La pesca artesanal, el turismo que se ha desarrollado durante décadas, la cosecha de aceitunas y producción de aceite de oliva”, fueron algunas de las que mencionaron.
“Cuando no estamos pescando nos dedicamos al turismo de avistamiento junto a otros emprendedores locales, lo cual es uno de los grandes atractivos para visitantes tanto nacionales como internacionales que se maravillan con los distintos tipos de ballenas, delfines y aves marinas que viven o transitan por nuestras costas todos los años”, aseguraron.
A su juicio Dominga, con una vida útil de solo 25 años, terminaría para siempre con ellas y los dejaría convertidos en una zona de sacrificio más.
A lo anterior sumaron la presencia de la comunidad del pueblo chango, reconocida en 2020, de quienes destacaron “su arte ancestral en la recolección de mariscos, algas y gastronomía”.
En la carta las comunidades reconocieron que han sido muchos los proyectos que han querido instalarse en la zona y acusaron que por años han debido “desviar esfuerzos” a la lucha en contra de termoeléctricas y megapuertos.
“El Gobierno y nosotros mismos hemos invertido en desarrollar esta zona para un uso sustentable a través de los años y lamentamos que el Estado no nos dé certezas si podremos seguir contando con nuestras fuentes de trabajo”, lanzaron.
Sumado a eso, afirmaron que “como habitantes de la comuna de La Higuera, de Freirina y sus localidades como Punta de Choros, Los Choros, Chungungo, Chañaral de Aceituno, cuesta ser escuchados, sobre todo cuando aquellos que supuestamente nos representan tienen una estrecha relación con la empresa Andes Iron, dueña del proyecto Dominga, logrando manipular encuestas y acciones para dividir el tejido social de nuestra comuna”.
Con todo, los firmantes anhelan “sinceramente que este proceso se acabe pronto, que sea usted el que logre definir lo que ningún Gobierno ha logrado: cerrar definitivamente las puertas a megaproyectos y salvaguardar una de las zonas más productivas y biodiversas de nuestro país”.
Con un “esperamos que su gobierno ecológico tome en cuenta los argumentos técnicos y científicos que están sobre la mesa”, los firmantes terminaron su carta.
Pero, ¿qué quiere Andes Iron con Dominga? En la zona, la compañía planea extraer hierro y cobre.
No obstante, también necesita construir un puerto para exportar los minerales.Las formas de eliminación de residuos y el uso de agua desalada no convencen en el territorio, como tampoco gusta el tráfico naviero que llegará al lugar, justo alrededor de colonias, por ejemplo, de pingüino de Humboldt.
El empresario “Choclo” Délano está detrás de esta iniciativa, un amigo del expresidente Sebastián Piñera, que también estuvo involucrado con el proyecto, lo que le valió la segunda acusación constitucional de su último Gobierno (la que finalmente no prosperó).
