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Organización Internacional Human Rights Watch advierte sobre la lenta implementación de la reforma policial en Chile

Este jueves, la organización internacional señaló que, si bien las autoridades «han dado los primeros pasos para reformar a la policía nacional», aún «persisten deficiencias que dejan un amplio margen para abusos».

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) expresó este jueves su preocupación sobre retraso en la reforma de los cuerpos policiales en Chile y alertó de la necesidad de seguir avanzando en desafíos como los derechos para migrantes, refugiados, niños y niñas, pueblos indígenas y personas LGBTI.

En su informe anual, la organización de defensa de los derechos humanos constatan que “las autoridades han dado los primeros pasos para reformar a la Policía Nacional”, pero advierte que “aún deben implementar cambios fundamentales en el sistema disciplinario y en los protocolos“.

“Persisten deficiencias que dejan un amplio margen para abusos“, añade el informe, que recuerda que la reforma policial surge de las denuncias por “uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y malos tratos a detenidos” durante las protestas del llamado estallido social de 2019, la mayor ola de manifestaciones de la democracia.

El documento se refiere también a la situación de las mujeres y niñas, con enfoque especial en los derechos sexuales y reproductivos, y en particular a la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales (inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación) que se aprobó en 2017.

“Los centros de salud imponen obstáculos innecesarios, que incluyen interpretaciones restrictivas y discrecionales de las excepciones a la prohibición del aborto”, apunta el documento.

Según la ONG, alrededor del 50 % de los obstetras del sistema de salud pública se registraron como objetores de conciencia y “se rehúsan” a realizar abortos en casos de violación sexual.

“Las clínicas y los hospitales privados también pueden registrarse como objetores de conciencia”, añade HRW, que recuerda que el texto rechazado de la nueva Constitución establecía el deber del Estado de garantizar el acceso al aborto.

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