Ese jueves, el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a los indultos otorgados por el Presidente, Gabriel Boric, a trece personas a fines de diciembre, que provocaron la salida de la extitular de la cartera Marcela Ríos.
Ante la pregunta sobre las «desprolijidades» en los indultos otorgados que reconoció el propio Presidente, Cordero aclaró no hacía referencia a temas administrativos o legales, sino a “cuestiones políticas”.
“Es una afirmación que está vinculada a cuestiones políticas. Eso tuvo consecuencias y una de esas es que ustedes me tienen acá. Sobre la eventual responsabilidad administrativa, estas son resultados de consecuencias jurídicas y mientras esta sea planteada como una discusión jurídica, en ese espacio se mantendrá”, explicó.
“Las responsabilidades disciplinarias es algo que, por ahora, no forma parte de la discusión fundamentalmente porque el gobierno tiene que responder los oficios de la Contraloría y esperar el requerimiento que ingresó la oposición al Tribunal Constitucional”, añadió ante un eventual sumario.
El ministro Cordero evitó entrar en detalles de los argumentos que dará el gobierno para defender los indultos ante las presentaciones hechas por la oposición ante la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional, pero insistió en que esos decretos están “ajustados a derecho”.
“Esto sería que yo le definiera la estrategia del caso, dado que hay alguien que lo ha objetado. En el sistema institucional chileno, un acto administrativo legalmente emitido que ha producido sus efectos, tiene presunción de legalidad, y mientras esa presunción de legalidad no sea derribada, esos actos administrativos son ajustados a derecho”, enfatizó.
